«Del Carlismo debe conservarse especialmente su desprecio del número y la interpretación sobrenatural de los acontecimientos, así como su táctica de afilar y mantener pura, a toda costa, su punta de vanguardia doctrinal… reflejando así más fidelidad a la pureza de las ideas que a la pretensión del sufragio universal»
— Alberto Ruiz de Galarreta
Constitución doctrinal
El carlismo está constituido doctrinalmente por estas cuatro fundamentales afirmaciones:
- PRIMERA – Unidad católica, con todas sus legítimas consecuencias.
- SEGUNDA – Monarquía representativa tradicional.
- TERCERA – Principio regionalista y restauración foral.
- CUARTA – Legitimidad de origen y de ejercicio en el Poder soberano, y mantenimiento de la Ley cognaticia mixta y gombeta, mal llamada sálica, porque no lo es, promulgada, no creada, por Felipe V y tiránicamente vulnerada por Fernando VII.
Esto afirmamos y esto defendemos.
Estos principios se identifican con las tradiciones de la Patria y esas tradiciones, como España, están informadas por el espíritu de la Iglesia, a cuyo amparo crecieron y prosperaron.
Millones de mártires las consagraron con su sangre en todo el transcurso de nuestra historia; miles de voluntarios las confirmaron con la muerte en los campos de batalla; ni pisaremos esa sangre ni insultaremos esos muertos, mándelo quien lo mande, y ordénelo quien lo ordene, pues nadie, legítimamente, puede prohibirnos ser carlistas.
(Juan Vázquez de Mella, de «El Correo Español» de 21 de julio de 1902)


Ideario tradicionalista
Los «dogmas nacionales» son tres:
- La tradición religiosa – visible en la tendencia general del Poder público de los Estados peninsulares durante le Edad Media y el comienzo de la Moderna hasta las intrusiones cesaristas, reales primero y parlamentarias después; en las declaraciones de todos los Códigos, en las grandes empresas que presidió y sirvió de unidad y de toda la historia, que, sin la influencia católica superior a todas las demás es imposible explicar
- La monarquía – Esta sirvió de unidad y de canal a esa tradición hasta que el regalismo y el liberalismo, dos formas de la misma sustancia cesárea, la falsearon
- El fuerismo – el espíritu corporativo y regionalista que siempre brotó espontáneamente en todas las regiones como expresión de soberanía social, y que, si sufrió merma y eclipses nunca fue por falta de vida propia sino por intrusión y usurpación del Poder político, y fiel en este punto, ya sistemática, ya accidentalmente, a su deber de amparar y no de invadir y regir las instituciones que le limitan y tienen derecho a regirse interiormente por sí mismas.
Quien acepte esas tres tradiciones esenciales, en lo que tienen de esencial, es tradicionalista; quien las rechace, altere o mutile, no lo será aunque se lo llame.
(Juan Vázquez de Mella, de «El Pensamiento Español» del 29 de diciembre de 1919)
Nuestros principios políticos
Como ya es hora de que la verdad se abra paso entre las falsedades liberales, vamos a afirmar de nuevo nuestros principios políticos, a ver si logramos que los adversarios los entiendan siquiera una vez.
Queremos que el Rey reine y gobierne, sin estar sujeto a la tutela de un Gabinete y que sea auxiliado por un Consejo de personas notables, dividido en tantas secciones como ministerios.
No buscamos el límite de la autoridad soberana en la división ni en la separación de sus fragmentos y en la oposición y equilibrio de unos con otros, sino en los organismos y pactos sociales independientes de los caprichos del Poder. Por eso queremos que el Municipio administre libremente y con independencia sus propios intereses, y que a la manera vascongada, y conforme al espíritu de los antiguos fueros, lo verifique en sus Juntas la región.
Que la Escuela y la Universidad sean libres y repúblicas literarias emancipadas del yugo opresor del Estado, pero sujetas a las divinas enseñanzas.
Y como reconocemos que todo español tiene derecho de petición ante el soberano, lo cual constituye su verdadera representación individual directa, queremos que estén además representados de un modo permanente todas las clases y fuerzas sociales en las Cortes.
Fomentando las corporaciones y los gremios, la clase agrícola nombrará sus procuradores, la industrial y la comercial los suyos, que serán la representación de los intereses materiales. Los intereses religiosos y morales que son los primeros, serán representados por los procuradores del Clero. Los intelectuales, por las Universidades y Academias, y los históricos por la grandeza.
El procurador no será representante de toda la nación, como en el régimen liberal, sino de la corporación y clase que le eligen. No será independiente de los electores una vez elegido, sino sujeto a ellos por el mandato imperativo. No irá a disputar a las Cortes, sino a pedir y votar lo que le manden los que le hayan designado. Y ha de jurar no recibir honor ni merced alguna durante su cargo; y, si lo hiciere, será llevado ante los Tribunales.
Los acuerdos de las Cortes queremos que sean públicos, pero las sesiones secretas; que así no se convertirán nunca en teatro, ni medrará la clase de los retóricos.
Las Cortes no gobernarán, pero ayudarán a gobernar, porque tienen dos funciones que cumplir: auxiliar al Poder público mostrándole como en un espejo las necesidades de la nación, y contenerle impidiendo sus abusos. Por eso no son cosoberanas como las parlamentarias, ni se limitan a pedir y suplicar, como falsamente se ha dicho. Sin su consentimiento no puede el Rey establecer ningún impuesto nuevo ni variar ninguna ley fundamental. Tal es la economía de nuestro organismo político y administrativo. Negación del absolutismo personal y del de Gabinete, llamado parlamentarismo.
(Juan Vázquez de Mella, de «El Correo Español» de 20 de diciembre de 1889)


Nuestra monarquía
El Carlismo habla en nombre de la libertad, del progreso y de la democracia; pero entendidas en su recto sentido, que ha de ser tradicional y cristiano, so pena de que sean palabras vacías o contradicciones palmarias. Por eso aborrecemos el absolutismo, ya se vista de convención, ya de oligarquía parlamentaria, llámese César o Rey; porque queremos amplísimas libertades concejiles y regionales, no sometidas al capricho del soberano, el cual ha de estar sujeto al poder espiritual de la Iglesia y a las leyes fundamentales del pueblo.
De aquí que nuestra Monarquía, guardadora de los fueros, sea en sustancia una Monarquía Federal y de ningún modo absoluta: con Cortes donde estén representadas todas las clases —desde la aristocracia hasta el proletario— no por diputados desligados de sus electores, sino por verdaderos procuradores sujetos al mandato imperativo. Y, juntamente con ello, la imposibilidad legal del Rey para establecer impuesto nuevo ni variar o modificar ley fundamental sin el consentimiento de las Cortes: negación del absolutismo personal y del de Gabinete.
La esencia de esta Monarquía española, cristiana en su esencia y federal en su forma, es la emancipación real: devolver a todos los miembros y personas sociales los derechos que el Estado moderno les usurpa y que el Poder cristiano tiene obligación de reconocer y secundar. A la Iglesia, las libertades que las regalías le arrebatan; a la familia y sus prolongaciones —la escuela y la Universidad— el derecho a enseñar que el Estado docente monopoliza; al municipio, la franquicia de administrar con independencia sus intereses; a la región, el derecho de conservar y perfeccionar su propia legislación civil, lengua y literatura, y de dirimir sus litigios sin servidumbre burocrática; a las clases sociales y corporaciones —agricultura, comercio e industria; cuerpos científicos; y la aristocracia del clero— el derecho de nombrar sus procuradores y ligarlos por mandato imperativo, declarando incompatible su cargo con honores y empleos.
Asimismo, a las Cortes, espejo de la sociedad y compendio de las fuerzas nacionales, la facultad indispensable de consentir impuestos nuevos y cambios en las leyes fundamentales; al Consejo Real, las prerrogativas hoy disueltas en la interminable serie de oficinas burocráticas; al Rey, el ejercicio libre de las facultades que la oligarquía del Gabinete usurpa mediante el refrendo ministerial; y, finalmente, a la Nación entera, el derecho de ser libre bajo un soberano esclavo del deber y súbdito de Cristo. A cada derecho hollado y a cada necesidad sentida por la sociedad española corresponde una parte de este programa; y aun en medio de las desventuras, queda una Patria que salvar.
(Juan Vázquez de Mella, de «El Correo Español» de 6 de enero de 1894)

